Antonio Gómez Peña
Desde finales del pasado mes de abril, en la República Dominicana se inició el proceso para la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), así como algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); esto según lo establecido por la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM.
Como es bien sabido, dicho Consejo tiene la función de designar, además de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, también los jueces del Tribunal Constitucional, sus suplentes, así como evaluar el desempeño de los jueces de la SCJ.
A medida que se acerca el mes de agosto, y se van agotando los procedimientos de dicha elección, han sido muchas las voces de personalidades e instituciones de la vida nacional que se han levantado, y que aún faltan por elevarse, reclamando justamente que este proceso quede finalizado por las mejores vías posibles, legales, justas, equitativamente.
Desde instituciones profesionales, entidades sociales, organizaciones políticas, de la sociedad civil, el clamor luce ser el mismo; esto, por lo viciado en que han quedado otros procesos políticos y judiciales, bajo el monopolio de sectores ligados al presente gobierno.
Las fundaciones Justicia y Transparencia, e Institucionalidad y Justicia, diversos dirigentes de la Oposición, encabezados por el presidente Hipólito Mejía, entre otros sectores de las fuerzas vivas del país, coinciden en reclamar jueces imparciales, independientes, de carrera, escogidos a través de un proceso transparente, de manera pública.
La última “voz que clama en el desierto” resonó este fin de semana por los predios de la Conferencia Episcopal Dominicana, que reúne a todos los obispos católicos del país.
La comunidad jerárquica católica “exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura a escoger a jueces con capacidad profesional, honestidad, integridad moral, imparcialidad política y alto sentido patriótico, de manera que contribuyan al fortalecimiento de este poder del Estado”; a lo que nos sumamos desde nuestra humilde posición, conjuntamente con las ponderaciones expresadas por el resto de la sociedad.
Creemos “justo y necesario” que iniciemos un proceso de adecentamiento de nuestros poderes del Estado, y con la conformación de estas altas cortes, bajo un férreo proceso ecuánime, lograr que desde el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia, alcancemos lo que venimos planteando muchos dominicanos, una justicia justa, pero para todos.
Ojalá que sí, que esta vez las autoridades competentes pongan el oído y el corazón en la voz a una de tantos que reclamamos una profilaxis profunda en los estamentos del Estado, para desde allí cambiar para bien los destinos de nuestra querida nación.
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